Imagínate que un día los clientes de una pequeña firma del sector financiero, que permite la operativa y contratación de sus productos de forma online, no pueden acceder a sus cuentas, realizar transferencias, o siquiera entrar en la web. Que se encontrasen con robos de dinero, uso fraudulento de sus tarjetas o un uso indebido de sus datos personales. Sin duda, la empresa correría el riesgo de incurrir en altísimos costes para atender reclamaciones, investigar lo sucedido, reparar los daños sufridos, levantar la operativa, indemnizar por los daños ocasionados a terceros, recuperar la confianza de sus clientes, etc.